(EL SIGLO DE TORREÓN)
En busca de generar un mecanismo que vele por los derechos de los niños y adolescentes, similar a la alerta de género contra las mujeres, tres colectivos en apoyo de un particular, trabajaron durante dos años en la elaboración de un informe que titularon “Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza: Escenario actual y perspectiva a futuro”, en donde evaluaron el desempeño de dependencias locales, estatales y nacionales, relacionadas con la atención a los menores, arrojando una serie de omisiones.
Justicieras por Nuestras Infancias, Activistas de La Laguna y la asociación civil INCIDE Femme, en colaboración con Jairo Edgardo Torres, evaluaron el desempeño de 12 instancias dentro de un período de 2017 a 2023, con la propia información que presentaron a través de solicitudes de información y algunas investigaciones.
“Lo que pretendemos con este documento, es que gobierno federal diga a esto que se está haciendo en Coahuila es suficientemente violatorio de los derechos de las infancias como para que sí les hagamos caso hagamos, un proceso de Alerta por los Derechos de las Infancias en Coahuila y veamos que el estado subsane, porque en este documento también les damos recomendaciones sí que son libres de obedecer o no pero si no les obedecen ya no le va a tocar a esta administración obviamente pero quien llega tiene que saber a qué va a llegar”, detalló Ariadne Lamont, quien forma parte de las tres organizaciones de la sociedad civil y coordina el trabajo realizado.
Fue Jairo Torres el que presentó alguno de los resultados arrojados. En el caso de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), es uno de los casos considerados como graves. Además de no proporcionar información sobre agresiones sexuales, la Fiscalía del Estado informó de dos casos, una fue por violación en el 2018 en un albergue en Piedras Negras y en el 2019, en un albergue en Acuña, sobre corrupción de menores.
Además, según la información de la propia Procuraduría, se reconoció el hacinamiento en albergues, tanto públicos como privados. En ningún casos se suspendieron operaciones. También, incumplió con su obligación de capacitar al personal de estos espacios encargados de atender a los menores, la mayoría rescatados de ambientes de violencia. En 10 años no se brindó capacitación alguna.
Infancia de migrantes, a cargo del Instituto Nacional de Migración, violentó sus mismas disposiciones del 2020. De acuerdo a la Ley de Migrantes, prohibió el alojamiento de niños en estaciones migratorias. Sin embargo, en Coahuila en 2021 se alojaron en dichos espacios a 740 menores y en 2022, a un total de 805.
“Todavía cuando estaba prohibido tener a niños y adolescentes en estaciones migratorias, el Instituto lo siguió haciendo… una de las recomendaciones es verificar si solo ocurrió en Coahuila o en qué otra parte del país”, explicó Torres, quien agregó que lo que se debió hacer, es haber canalizado a los sistemas DIF.
En este tema, mencionó que pese a que Coahuila es un paso obligado de miles de migrantes, no existe una ley de Migración. “Cerca de la mitad de los estados lo tiene, de tal forma que una de las recomendaciones que se hace es crear una ley para delimitar las competencias”.
Otro de los datos que se presentaron, fueron del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer (CJEM), que de acuerdo a su informe, en La Laguna y Frontera, se concentraron la mayoría de los casos de violencia sexual. En 2016 al 2021, respectivamente un total de 44 y 291 niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual. De 2018 a 2021, producto de violación 9 niñas resultaron embarazadas, una de ellas de apenas 10 años. Ninguna quiso interrumpir el embarazo.
Interesados en conocer a detalle la información, pueden entrar al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1lmTbu9GPODeLxyiddWCgVO0NiOYoC_yu/view?usp=sharing