Silvia Ortiz solicita la continuación de los trabajos establecidos desde la administración de Miguel Ángel Riquelme. (VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)
Los colectivos de personas desaparecidas en Coahuila instan a la nueva Administración Estatal, liderada por el gobernador Manolo Jiménez, a continuar con los esfuerzos de búsqueda de más de 3 mil 300 personas que aún no han regresado a sus hogares, y, sobre todo, demandan justicia.
Silvia Ortiz, fundadora y vocera del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), solicita la continuación de los trabajos establecidos desde la administración de Miguel Ángel Riquelme y, principalmente, detener las agresiones de las que ella misma fue víctima.
"Esperamos seguir con los trabajos que ya habíamos iniciado y, sobre todo, que se preste atención a las agresiones cometidas por elementos de seguridad pública, me refiero a todos, no solo a uno. No decimos que no realicen su trabajo, sino que lo hagan respetando el debido proceso".
Ortiz mencionó que se abordó este tema con el gobernador saliente: "El ingeniero Riquelme fue informado sobre estas agresiones a ciudadanos, a jóvenes que salen de las maquilas y son despojados de su dinero... No entiendo por qué no hubo respuesta. Continuaremos insistiendo y esperamos que Manolo lo atienda", compartió Ortiz, quien reveló que cuando la agredieron, en un momento temió por su vida.
"Sí, tuve mucho miedo, pero si no hablo... ahora me tocó a mí, y no importa. Seguiré señalando las deficiencias, no me importa, continuaré haciéndolo".
Demandas
A través de un comunicado, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios enumeró una serie de pendientes dejados por la administración anterior, que buscan sean atendidos en la actual. Estos incluyen la búsqueda de 3 mil 318 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Coahuila; garantizar la justicia y el esclarecimiento de los hechos desde 2006 hasta la fecha, incluyendo la sanción a los responsables, incluyendo funcionarios públicos de gobiernos pasados.
Además, hacen hincapié en la atención a la crisis forense, específicamente en la identificación de más de mil cuerpos y miles de restos humanos encontrados en fosas clandestinas, así como en la recuperación, centralización y análisis de la información.
También, exigen que los retenes de vigilancia de la Policía del Estado, que, según señalan, han desviado su propósito original para convertirse en lugares donde se cometen robos a personas migrantes (como en Monclova) y abusos sexuales (como en Piedras Negras), sean revisados y corregidos.
Además, piden fortalecer los procesos de acompañamiento al programa de Integración Local, desarrollado en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados, la sociedad civil y empresas locales.
Los acompañantes:
El sacerdote Édgar Sánchez, de la Diócesis de Torreón, quien ha brindado apoyo a grupos de familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, solicitó a la nueva Administración Estatal un enfoque más humano en su actuación.