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Coahuila mostró un avance significativo en las capacidades institucionales para la justicia penal de 2021 a 2022, lo que significa una mejora en las condiciones necesarias para su adecuada operación. Esto es resultado de los esfuerzos continuos de coordinación interinstitucional, lo cual en el mediano plazo cristalizará en una Ley del Modelo Coahuila.
Así lo dio a conocer México Evalúa, centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de los resultados, esto a través de su reporte Hallazgos desde lo local 2022.
En el Ranking de Capacidades Institucionales, el cual evalúa los insumos y objetivos de las seis instituciones que conforman al sector justicia en cada entidad, Coahuila alcanzó 1,022 puntos de un estándar de 1,200 para 2022. Esto ubica a Coahuila en el segundo lugar a nivel nacional, con una mejora de 104 puntos con respecto a 2021, únicamente por debajo de Querétaro.
Sin embargo, la entidad aún enfrenta importantes desafíos para garantizar el acceso a la justicia a la población: en esta edición, el Índice de Impunidad mostró que el 96.3% de los delitos investigados en Coahuila quedó impune en 2022; lo que representa un aumento de 7.6% frente a 2021, cuando fue de 88.7%. Al calcular la impunidad por cada delito, el reporte muestra una disminución para el secuestro, ya que pasó de 33.3% en 2021 a 24.6% en 2022, lo que posiciona a Coahuila como la entidad con mejor respuesta a este delito en el país.
"Saludamos la decisión de la Fiscalía para crear e implementar su política de persecución penal, así como los grupos de trabajo específicos para delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro o desaparición. Ambos son pasos decididos para reducir paulatinamente la impunidad en los delitos que más lastiman a la sociedad, ya que atentan contra la vida o la integridad de la población", dijo Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.
En cuanto al uso de medidas cautelares, el reporte muestra que el 62.6% de las personas acusadas de un delito pudieron llevar su proceso en libertad durante 2022, lo que está por encima del promedio nacional (43.1%), y representa una disminución en el uso de la prisión preventiva en la entidad. Además, se destacó que el 100% de las personas que llevaron un proceso con medidas cautelares en libertad cumplió con el proceso de forma efectiva, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las Unidades de Medidas Cautelares.
Durante el diálogo se dio seguimiento a los compromisos establecidos por las autoridades en años previos, y se hicieron las siguientes recomendaciones para fortalecer la justicia penal: uso estratégico de las medidas cautelares para optimizar recursos y evitar la saturación de prisiones; colaboración entre instituciones y generación de información de calidad; avanzar prácticas de priorización en la procuración y administración de justicia, conectando la política de persecución penal con la política judicial, aprovechando salidas alternas y mecanismos de resolución temprana; fortalecer a la Defensoría y a la CEAV. Además del fortalecimiento presupuestal y de personal, se requiere establecer estándares y medios de supervisión; dar soporte presupuestal a esfuerzos y prioridades interinstitucionales, así como garantizar la continuidad de las políticas.