Señalaron que la Federación realizó un 'censo' carente de transparencia, metodología, y consulta con las familias y la sociedad. (EL SIGLO DE TOREÓN)
A seis años de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) consideró que el Gobierno federal está desmantelando las estructuras creadas para enfrentar la crisis de desapariciones en el país.
Señalaron que la Federación realizó un "censo" carente de transparencia, metodología, y consulta con las familias y la sociedad, que permita dar credibilidad a los datos presentados. Además de que, es un claro intento de debilitar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establecido por la Ley General y sostenido por las fiscalías y las comisiones de búsqueda estatales.
"La opacidad gubernamental en esta iniciativa, particularmente en un contexto electoral, sugiere un despropósito: manipular las cifras de desaparecidos, minimizando así la gravedad de la situación", comentaron.
Agregaron que la significativa reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda, y en el Centro Nacional de Identificación Humana, sin un diagnóstico público y un plan de trabajo claro, demuestra una falta de preparación y visión para el futuro.
Para el MNDM, hay una escasa disposición política para entablar diálogo y consulta con las familias de personas desaparecidas, lo que evidencia un menosprecio hacia ellas, contraviniendo el principio fundamental de la Ley General que enfatiza que "¡Sin las familias, no!".
El MNDM, está conformado por 86 colectivos de 25 estados de las República Mexicana y tres países de Centroamérica. En Coahuila, son miembros Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Región Laguna; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec-Fundem) y Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA) de La Laguna.
De cara a los cambios políticos en el país, el Movimiento exigió que las autoridades federales y locales, reafirmen su compromiso con los principios que dieron origen a la Ley General, que frenen el desmantelamiento de las instituciones creadas para tal fin, y que mantengan un reconocimiento sin cortapisas de la dimensión de la tragedia que viven. Además de entablar un diálogo que reconozca su conocimiento y aporte histórico a la construcción de una política pública integral para revertir las desapariciones en el país.
Al Estado Mexicano, lo urgieron a que detalle claramente su plan de trabajo, con plazos y objetivos definidos, para que en conjunto, se pueda trazar un camino claro en el abordaje del fenómeno de las desapariciones. Además, le solicitaron la transparencia en los perfiles de los nuevos nombramientos en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la justificación de los despidos, para brindar tranquilidad y certidumbre a las familias afectadas por dicho proceso.
La Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017 y entró en vigor el 16 de enero de 2018. Su principal objetivo es establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la misma.
